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Historia

La Nación Argentina reconoce marchas y contramarchas en sus dos siglos de historia institucional, pero resulta una constante que, durante los períodos democráticos, el Ministerio del Interior acompañó la conquista de los derechos políticos del pueblo argentino. 

Desde sus orígenes, esta cartera de Estado intervino en la organización y administración de los actos electorales, haciendo posible el ejercicio ciudadano del sufragio, según los términos y el alcance que en cada momento la ley acordó.

La dependencia gubernamental fue adquiriendo progresivamente funciones en materia electoral. En 1856, el Congreso de la Confederación Argentina sanciona la primera Ley de Ministerios Nº 80, encargándole a Interior la ejecución de las leyes electorales.  

Al año siguiente, la Ley Nº 140 establece el primer régimen electoral, adoptando el sistema de mayoría relativa de lista completa, y le asigna a Interior la impresión y distribución del documento personal destinado a asentar el sufragio o “boleta de calificación”.

Junto a la adopción del sistema de representación uninominal por circunscripciones, el régimen de la Ley Nº 4.161 de 1902, le otorga al organismo en cuestión las funciones de organización de las mesas electorales, distribución de las libretas cívicas y acreditación del voto mediante su sellado.

En 1912, en ocasión de la sanción de la Ley N° 8.871 de voto universal, secreto y obligatorio, viga maestra en que se asienta hasta hoy la organización electoral, se distribuyen las funciones electorales entre los jueces federales, encargados de confeccionar el Registro Electoral, y el Servicio Electoral, oficina creada para cumplir con las funciones de logística electoral asignadas al Ministerio del Interior y antecedente de la actual Dirección Nacional Electoral (DINE).

Si bien esta norma constituye uno de los hitos de mayor trascendencia para la democracia argentina, debe notarse que la proclamada universalidad del voto recién se hace efectiva a partir de la Ley N° 13.010 de 1947 que, impulsada por María Eva Duarte de Perón, consagró el derecho de las mujeres a votar y encomendó al Poder Ejecutivo “empadronar, confeccionar e imprimir el padrón electoral femenino de la Nación” (Art. 4°).

La resistencia popular a la dictadura instaurada en septiembre del ‘55, obligó al gobierno de facto a convocar a elecciones para el 23 de febrero de 1958. Se produce entonces la ampliación de las funciones al ya establecido Departamento Electoral, encomendándosele la elaboración del registro gráfico y la estadística electoral, así como el depósito y la distribución de los útiles requeridos para los comicios (Resolución Nº 50/1958).

Un importante avance institucional tiene lugar el 21 de septiembre 1971, en que se crea “con carácter provisional” la Dirección Nacional Electoral (Decreto Nº 4.087/71), con el propósito de organizar los comicios de marzo de 1973. En efecto, tal fortalecimiento institucional no es sino reflejo del proceso de recuperación de los derechos políticos de los argentinos. El gobierno de facto establecido en 1966 cede ante la fuerte presión popular y convoca a elecciones generales, para las cuales levanta la proscripción de la fuerza política mayoritaria y permite el regreso de Juan Domingo Perón del exilio, aunque, mediante un tecnicismo, se le impide postularse.

Durante la etapa más oscura y sangrienta del país, que inauguró el golpe militar del 24 de marzo de 1976, se mantuvieron suspendidos los derechos y garantías constitucionales, y se eliminó la estructura de la DINE.

La derrota militar sufrida en Malvinas en 1982, sumado al reclamo de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y a la presión ejercida por las organizaciones políticas para recuperar la democracia, precipitaron el fin de la dictadura militar. En el marco del proceso de normalización institucional de la República y con el fin de organizar los comicios del 30 de octubre del ’83, la DINE recupera su rango de Dirección Nacional, incorporándose a su estructura tres Departamentos: Coordinación Electoral, Estadísticas y Elementos Electorales (Decreto Nº 332/82), incorporando, ya en democracia el Departamento de Gestión del Fondo Partidario Permanente.

Progresivamente, la democracia argentina fue ampliando el alcance de los derechos políticos: mediante la Ley N° 24.007 de 1991, respecto de los electores residentes en el exterior; y en 2004, por Ley Nº 25.858, respecto de los ciudadanos privados de la libertad sin sentencia definitiva. La DINE no fue ajena a tales conquistas populares, contribuyó al debate público, la elaboración normativa y la logística electoral.

A partir de 2002, se aprueba un nuevo régimen normativo que regula el financiamiento partidario y de
campañas electorales - leyes N° 25.600 y 26.215 -, distribuyendo las responsabilidades entre la Dirección
Nacional Electoral, encargada de la administración del financiamiento público de partidos y de campañas, y la Justicia Nacional Electoral, responsable del control patrimonial de las agrupaciones políticas.

Una nota destacada en esta trayectoria, íntimamente ligada a la consolidación de la democracia, es la sanción en 2009 de la Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, por la cual, entre numerosas reformas normativas se instauran las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias como método de selección de candidaturas y el Régimen Público de Campañas Electorales.

Esta Ley 26.571 y el Decreto N° 682/2010 – que modifica la estructura organizativa del Ministerio del Interior-, asignan a la DINE funciones propias que la convierten en el organismo especializado del Poder  Ejecutivo Nacional en materia electoral. En efecto, se le otorgan atribuciones legales en materia de financiamiento de campañas políticas, distribución de espacios de publicidad electoral y difusión de resultados preliminares de las elecciones, determinación de la distritación electoral, así como de colaboración con la Justicia Nacional Electoral respecto de aspectos logísticos de los procesos electorales y de las actividades de capacitación electoral, creando para su eficaz cumplimiento seis Direcciones e incorporando, posteriormente, la Coordinación de Accesibilidad Electoral (Resolución N° 1915/2010).

La inauguración en 2011 de un nuevo régimen de elecciones constituyó para la DINE un desafío institucional de trascendencia significativa, que el organismo electoral logró superar exitosamente. En este sentido, las acciones desplegadas por esta dependencia contribuyeron positivamente para que en las primeras Elecciones Primarias el pueblo argentino se expresara masivamente en las urnas y se registrara, asimismo, una tasa record de voto informado.

En búsqueda de conquistas que reflejasen la realidad de los nuevos tiempos, el pueblo argentino fue por más: en 2012 se sanciona la Ley N° 26.774 de Ciudadanía Argentina, que reconoce por primera vez el derecho al sufragio a los argentinos desde los 16 años. La DINE participó activamente en el debate como promotor del reconocimiento del derecho a sufragio para los más jóvenes y, una vez promulgada la ley, garantizó el pleno desarrollo de los mismos por parte de aquellos en los comicios legislativos celebrados en 2013.

La Dirección Nacional Electoral acompañó el desarrollo de la vida político-institucional del país y continuará trabajando denodadamente para acrecentar la calidad de los procesos y los valores democráticos, en pos de maximizar la legitimidad de los actos electorales y la conquista de los derechos del pueblo.

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